Cuenta pública en la Suprema: lo bueno, lo malo y lo feo

Constanza Hube

El viernes pasado, el presidente de la Corte Suprema expuso su última cuenta pública, no exenta de polémica. A continuación, algunas líneas sobre al respecto.

Partamos por lo bueno: la defensa del principio de independencia judicial. Esto, luego de que el año pasado, un grupo de diputados buscó presentar una acusación constitucional cuyo objeto fue sancionar a tres jueces de la sala penal por el contenido de sus fallos. Esta acusación atacaba el corazón del sistema judicial, por lo que si bien su rechazo fue positivo, solamente presentar dicha acusación constituye un muy mal precedente.

El presidente del máximo tribunal del país reivindicó con fuerza la independencia judicial, la que es absolutamente indispensable para que pueda desarrollar adecuadamente su función y para que exista un efectivo control entre los distintos poderes del Estado.

Sigamos por lo malo, que a mi juicio estuvo marcado por la polémica generada con el Tribunal Constitucional (TC). Lo preocupante, en este aspecto, no tiene que ver con el legítimo y razonable llamado que hace el presidente de la Corte a armonizar las competencias de ambas magistraturas, sino que más bien con la crítica directa al fallo del TC que acogió la inaplicabilidad que impugnó normas que permitirían aplicar la tutela laboral a funcionarios públicos.

Es lógico que los fallos puedan ser objeto de comentarios e incluso de críticas, pero no parece una buena señal que la cabeza del máximo tribunal, en esa calidad, cuestione el contenido de una sentencia dictada por otra magistratura sobre la cual no tiene una relación de jerarquía. Si el presidente de la Corte busca reivindicar la importancia de la independencia judicial, debiera también considerar que esto necesariamente implica respetar la independencia de la corte constitucional.

Finalmente: lo feo. El presidente comenzó su discurso destacando el cambio de rol que ha tenido a lo largo de la historia el Poder Judicial, pasando desde una jurisdicción protectora del Estado a un poder al servicio de las personas. Imposible no compartir este razonamiento, pero ¿cómo se compatibiliza esta afirmación con la exorbitante tasa de éxito del Fisco en los juicios? En un informe publicado por el Observatorio Judicial en 2018, se evidencia que el Consejo de Defensa del Estado como demandante tiene una tasa de éxito del 77%, y en un 88,42%, de las veces el Fisco obtiene la totalidad de lo que demanda.

Varias son las hipótesis que explicarían esta realidad, y una de ellas sin duda es que existe una tendencia de los jueces a fallar a favor del Fisco. De ser esto efectivo, no sólo hay una contradicción en el propio discurso, sino que también se sigue que las personas se encuentran desprotegidas frente al Fisco. No se puede sostener que los tribunales defienden a las personas si existe tal deferencia hacia el Fisco, por lo que sería recomendable que el Poder Judicial reflexionara sobre esto.